Racialización de la violencia policial
19 de abril de 2024
La racialización puede influir significativamente en las experiencias de violencia policial. En América Latina se trata de un fenómeno complejo profundamente arraigado en dinámicas históricas coloniales y sociales que ordenan la inclusión y la exclusión de ciertos sujetos con base en características presuntamente biológicas inherentes a sus cuerpos. Esto favorece que se les imagine como potencial fuente de peligro por la “otredad” que representan. Personas indígenas, afrodescendientes y migrantes se ubican como los grupos más afectados por estos tratamientos.
Los datos empíricos de países como Brasil [1], Colombia [2], Chile [3], Ecuador [4] y Argentina [5] ponen sistemáticamente de relieve las disparidades raciales en los encuentros con las fuerzas policiales. En ellos, las personas racializadas se ven desproporcionadamente afectadas por la violencia policial en casos de desalojo, protestas pacíficas, control de identidad y operaciones contra el comercio ambulante, entre otros.
Algunos factores claves que contribuyen a esta disparidad incluyen la existencia de prejuicios raciales implícitos y explícitos que legitiman la violencia policial cuando opera contra sujetos racializados que suponen una amenaza que debe neutralizarse en favor de incrementar el control social [6].
Otros elementos que favorecen los tratamientos desiguales a personas racializadas incluyen la falta de mecanismos que hagan contrapeso, regulación y vigilancia a la labor policial [7]. Pese a reformas constitucionales como la del 2005, que han aclarado la subordinación de las fuerzas del orden, actualmente los carabineros “gozan de un régimen jurídico diferenciado del resto de la Administración del Estado” [8]. Esto en la práctica se ha traducido en un sistema opaco para la rendición de cuentas y la transparencia, que puede permitir el aumento de una cultura de la impunidad en la que los agentes se enfrentan a consecuencias mínimas por sus actos abusivos, especialmente cuando las víctimas son personas racializadas.
La raza desempeña un papel fundamental en la configuración de las experiencias de brutalidad policial, pues refleja pautas más amplias de racismo sistémico y desigualdad en la sociedad. Reconocer y abordar estas disparidades es esencial para construir un sistema de justicia penal más justo y equitativo que defienda los derechos fundamentales y la dignidad de todas las personas, independientemente de su raza u origen étnico.
